En Burkina Faso, en el entorno rural, que sigue regido por el régimen consuetudinario, la administración de las tierras está en manos de los hombres. Las mujeres son las últimas en obtener acceso a la tierra y no tienen ninguna garantía de poder explotar su parcela a largo plazo. El grupo Emaús Pag-la-Yiri lucha contra esta realidad. 

De este modo, las mujeres rurales solamente disfrutan de un derecho temporal a la tierra, que puede revocarse en cualquier momento: por ejemplo, mediante una herencia que conceda la prioridad de uso de una parcela a herederos de sexo masculino. Para combatir esta precarización e impedir la reactivación constante de los conflictos en torno a la tierra, la asociación Pag-la-Yiri alienta a las mujeres a recurrir a la legislación nacional para proteger su derecho a la propiedad.  

La asociación, que trabaja por la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres en la región rural de Zabré, centra sus esfuerzos en nueve asociaciones cooperativas de mujeres, a las que acompaña en la explotación colectiva de parcelas adaptadas (desbrozo, riego, etc.). Es una prioridad, dada la importancia social y económica de estas cooperativas que dan empleo a numerosas mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que la agroecología que promueve Pag-la-Yiri ha necesitado un trabajo notable de valorización (aportación de humus, cobertura del suelo, plantación de árboles, construcción de pozos, vallado, etc.). Para estas mujeres, su expulsión de estas parcelas representaría, sin duda alguna, un perjuicio, al que se sumaría la pérdida completa de estas inversiones específicas.  

En la práctica, el primer trámite consiste en obtener el reconocimiento oficial, por parte del jefe del pueblo, de la explotación real de una parcela por sus beneficiarias. Así, las mujeres podrían inscribirla con su nombre en el ayuntamiento, lo cual permitiría emitir el debido título de propiedad en el catastro. Pag-la-Yiri ha contactado directamente con la adminstración catastral para acelerar la protección jurídica de las parcelas de las nueve cooperativas de mujeres. Por su parte, las alcaldías no están preparadas para actuar rápidamente y de forma eficaz. Además, están en medio de los juegos de poder sociales, que complican su labor: la oficialización del derecho de uso de la tierra en beneficio de las mujeres, lo cual conlleva emitir un título de propiedad, constituye una afrenta directa al régimen consuetudinario patriarcal. 

En los hogares, la asociación trabaja con las mujeres a través de la radio local que ha creado, mediante eventos específicos, para informarlas de su derecho de propiedad. Igualmente, lleva a cabo acciones de incidencia política ante las autoridades consuetudinarias, para convencerlas de la necesidad de conceder a las mujeres parcelas explotables, destacando que su trabajo beneficia a las familias, pero también a la comunidad: aporte nutritivo de las verduras y legumbres, gracias al consumo de una parte de la producción en los hogares; ingresos procedentes de la venta de excedentes, que facilitan la escolarización de las niñas; mejora de la fertilidad de los suelos, prácticamente una obligación para las parcelas anexas que se les conceden; por último, protección de los recursos naturales, cuyo deterioro obliga a las mujeres a recorrer cada vez más kilómetros en busca de madera y agua, una de sus tareas tradicionales. Una labor educativa de larga duración, cuyos argumentos empiezan a ser escuchados, asegura Pag-la-Yiri.