Tres requisitos para salir de la pobreza

Actuando de forma colectiva podemos vencer la pobreza y las desigualdades, pero eso supone respetar tres requisitos, que son complementarios y, por tanto, se tienen que aplicar de forma simultánea:

  • Impliquer les personnes vulnérables pour qu’elles aient uInvolucrar a las personas vulnerables para que tengan un lugar de pleno derecho en la sociedad;
  • Situar el interés general en el centro de las políticas públicas;
  • Construir una economía que esté realmente al servicio del ser humano y su entorno.

Involucrar a las personas vulnerables para que tengan un lugar de pleno derecho en la sociedad

Algunas categorías de población están más expuestas al riesgo de pobreza. Concretamente, las mujeres (debido a las desigualdades de género), las personas enfermas o con diversidad funcional, las minorías étnicas, las personas exiliadas, etc. Por lo general, se invisibiliza, culpa, relega y, a veces, criminaliza a las personas más vulnerables. ¿Pero dónde se ha visto que la discriminación y el estigma reduzcan la pobreza y las desigualdades? ¿El mundo es, acaso, más justo si rechazamos a las personas más frágiles o si hacemos como si no existieran? Es obvio que no. Más bien al contrario, nuestro principal deber humano es acoger dignamente a las personas más vulnerables y brindarles los medios educativos que les permita recuperar la autoestima, decidir por sí mismas e integrarse en la sociedad.

Desde el principio, por iniciativa del Abbé Pierre, el movimiento Emaús se ha construido acompañando, involucrando e integrando a las personas a las que acogía. Los primeros compañeros eran constructores para guarecerse ellos mismos y dar guarida a otras personas sin hogar. Más adelante se hicieron traperos para generar ellos mismos los medios que les permitieran continuar sus acciones solidarias. El movimiento ha sabido, en su gobernanza y su gestión, crear espacios de formación, de debate y de decisión a todos los niveles (en los grupos, en las regiones, en los países y a escala internacional). Es precisamente esa implicación la que permite a las personas vulnerables y excluidas reconstruirse y volver a dar sentido a sus vidas, al convertirse a su vez en vectores de solidaridad.

Para involucrar a las personas vulnerables debemos replantear las políticas públicas, pero también nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas.

Situar el interés general en el centro de las políticas públicas

Por ideología, por clientelismo o por la influencia de los grupos de presión, las instituciones públicas aplican políticas que no siempre favorecen el interés general del que tendrían que ser garantes. ¿Acaso hay que ceder ante los más poderosos y obedecer a la connivencia, a la corrupción o a maniobras opacas? ¿Pueden prescindir las decisiones políticas de un debate contradictorio respetuoso, bien argumentado, equilibrado y transparente? Es obvio que no. Es un imperativo democrático situar el interés general en el centro de las políticas públicas, porque, como bien decía Abraham Lincoln, «la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».ix Es la deliberación pública la que permite resituar la economía y la gestión de los asuntos públicos al servicio de las personas y de la protección de sus derechos fundamentales, especialmente mediante la gestión colectiva de los bienes comunes.

El interés general no solamente es asunto de todas y de todos, sino que concierne a todo el mundo. «Le democracia no es la ley de la mayoría, sino la protección de la minoría»x, escribía Albert Camus. Por consiguiente, las políticas públicas y las leyes deben tener en cuenta el interés de las personas más vulnerables, porque son precisamente ellas quienes más necesitan la protección. No es asistencialismo, sino solidaridad, igualdad de oportunidades y acceso a los derechos fundamentales sin discriminación. Así pues, para construir el interés general es necesario representar a las personas vulnerables y garantizar su participación en la vida democrática, lo cual comienza por proteger y reconocer los derechos de la mitad de la humanidad: las mujeres.

Para situar el interés general en el centro de las políticas públicas debemos replantearnos la participación democrática y la elaboración de las reglas socioeconómicas.

Construir una economía que esté realmente al servicio del ser humano y de su entorno

Desde los años 1980, el neoliberalismo fomenta una visión de la economía que fija sus propias reglas. Las empresas multinacionales se han multiplicado por diez y varias de ellas han adquirido más poder que algunos estados. La desregulación permite que el capital y las mercancías circulen libremente, pero también introduce la competencia entre países en materia de derecho social, medioambiental y fiscal. De esta manera, los trabajadores, las trabajadoras y la naturaleza se ven reducidos a una mera «variable de ajuste» en la búsqueda del crecimiento y la rentabilidad perpetuos. El resultado: deslocalización, desempleo, contratos precarios, contratos impuestos a tiempo parcial, trabajadores y trabajadoras pobres, explotación de la infancia, trabajo forzado, falta de protección social, saqueo de recursos naturales, contaminación, evasión y fraude fiscal, corrupción, impunidad, reparto desigual de las riquezas que se producen, etc.

¿Valen menos los derechos fundamentales que las finanzas y el comercio? ¿La pobreza es un mero daño colateral? ¿Debemos permitir que la búsqueda del beneficio destruya el planeta y burle la justicia social? Es obvio que no. Nuestro primer deber económico es garantizar el buen vivir sostenible de cada persona. Los acuerdos comerciales internacionales y las políticas públicas pueden rehacer lo que han deshecho. ¡Podemos reconstruir una economía plural, no solamente mercantil, que sea compatible con los principios de justicia social y sostenibilidad. Las capacidades técnicas las tenemos. Solo falta la voluntad política de garantizar una vida digna para todos y todas, sin agotar los ecosistemas del planeta. Es posible —y muchos ya lo hacen— apostar por el valor antes que por el precio, por el ser antes que por el tener, y por el reparto justo antes que por la propiedad exclusiva.

La conmoción que ha generado la pandemia de Covid-19 nos brinda la ocasión de recuperar un equilibrio económico: los fondos públicos deben financiar un crecimiento no impuesto, basado en la producción sostenible, en el consumo responsable, en la economía mercantil al servicio del interés colectivo, y en la economía ética y solidaria que innova y vela por el respeto de los derechos.

Para construir una economía que esté realmente al servicio del ser humano y de su entorno debemos transformar y diversificar nuestro modelo económico.