Garantizar el acceso de las mujeres a la vida política y económica y luchar contra las desigualdades y la violencia de las que son víctimas

A pesar de los esfuerzos realizados desde hace años, las chicas y las mujeres todavía cargan con el peso de los mecanismos de dominación patriarcal en la mayoría de los países y de las culturas. 

La discriminación de género afecta, ante todo, sus cuerpos: las mujeres son las primeras víctimas de incesto, de violencia intrafamiliar, de acoso sexual, de los matrimonios forzados o precoces, de la trata (especialmente con fines de prostitución), así como las primeras en cargar con el trabajo doméstico.

Sus derechos en materia de educación, salud o anticoncepción, desplazamiento, empleo o remuneración, propiedad (en caso de divorcio o derecho a la herencia), entre otros, se ven muchas veces limitados o burlados. 

Si las políticas públicas pretenden defender el interés general, tienen que empezar luchando de forma eficaz contra las violencias y las desigualdades que sufren las mujeres, lo cual requiere obviamente la participación de estas en las decisiones que las conciernen.