Privatizar un bien colectivo o un servicio público significa comercializarlo y encargar su gestión a intereses privados con el pretexto de que será más eficaz.
¿Pero eficaz para quién? Cabe señalar que, desde hace varias décadas, estas privatizaciones han generado sobre todo fenómenos de exclusión social y de destrucción de ecosistemas.
Para evitar las violaciones de los derechos fundamentales es esencial bajar la ideología de la privatización del pedestal en el que se la ha colocado.
Para garantizar un acceso equitativo a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la salud o a la educación, es obligatorio sacralizar estos bienes comunes y sacarlos del alcance de los mercados. Su gestión tiene que ser lo más participativa posible, en el marco de una gobernanza democrática.
Porque situar el interés general en el centro de las políticas públicas empieza por una gestión colectiva de los bienes comunes, que priorice y proteja los derechos fundamentales.
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