La salud figura como derecho fundamental en numerosos tratados internacionales y como factor esencial para la mejora de las condiciones de vida de las personas. A pesar de ello, sigue habiendo tremendas desigualdades en materia de acceso a servicios sanitarios: centenares de millones de personas en el mundo entero se ven privadas de este derecho, entre las cuales se cuentan los miembros de los grupos Emaús y las poblaciones con las que trabajan.

 Para responder a esta realidad, Emaús Internacional decidió involucrarse, a partir del año 2002, en la creación de mutuas de salud en los países que carecen de estructuras sanitarias, cumpliendo así la función de una seguridad social básica. Los primeros proyectos nacieron en Burkina Faso y Benín, después en la India y en Bangladesh a partir de 2011, con la ambición de llegar a ser más que una mera prestación de servicios sanitarios: la idea era construir un sistema de protección social comunitaria que permitiera acceder a la atención médica sin endeudarse,  gestionado por sus propios miembros beneficiarios. Para ello, las mutuas se construyeron de manera independiente de cualquier poder (económico, sindical o político), basándose en una gobernanza democrática. Además, instauraron un principio de solidaridad, no solamente entre sus miembros, que comparten el riesgo sanitario, sino también a nivel del movimiento internacional Emaús, en el que los demás grupos contribuyen a la financiación de este programa: si cada mutua cuenta únicamente con las cuotas de sus miembros para funcionar, los ingresos seguirían siendo insuficientes debido a la pobreza, que a veces alcanza niveles extremos, como en el caso de la mutua india (ver recuadro). No obstante, en Burkina Faso las cuotas y subsidios locales llegan a cubrir hasta el 70% de las necesidades.   

Dicho esto, la búsqueda de la autonomía económica es una garantía de sostenibilidad para estas mutuas, aunque no constituya un objetivo como tal. Igualmente, permitiría contemplar la ampliación de las prestaciones sanitarias bajando sus costes —raramente regulados por el Estado—, ya se trate de medicinas o de intervenciones médicas. La gobernanza de las mutuas también requiere un trabajo permanente, ya que la implicación de los miembros en su funcionamiento no siempre es tarea fácil. En cualquier caso, no más que la decisión de destinar una parte de sus ingresos, de por sí muy bajos, a un fondo común al que quizás no todo el mundo recurrirá… Con todo, la utilidad de estas mutuas para sus miembros es innegable. Esto quedó ampliamente demostrado durante las peores etapas de la pandemia de Covid-19, cuando desempeñaron un papel de refuerzo social para con los más desfavorecidos, sin limitarse a su función sanitaria.