La comunidad Emaús de Pamplona ha conseguido que sus prácticas de trabajo sean todo un referente en la región, gracias a la eficacia de la recogida y la reutilización de los residuos, así como a la legitimación de las personas a las que da empleo. 

Año a año, la comunidad Emaús de Pamplona ha sabido ir aprovechando los crecientes desafíos derivados de las actividades de recogida, reciclaje y reutilización de objetos y residuos. En los inicios del movimiento, los materiales recuperados por los «traperos de Emaús» constituían la fuente habitual de ingresos para las comunidades, así como la base de su autonomía económica y de sus acciones solidarias. Más adelante, las políticas públicas fueron invirtiendo cada vez más en este sector, los ministerios del medio ambiente fueron ganando influencia, y las directivas europeas impusieron objetivos de reciclaje y tratamiento de los residuos, permitiendo así la entrada en juego de actores de envergadura en lo que antes era el terreno de Emaús. Las compañeras y los compañeros, privados paulatinamente de materias primas, se centraron en la recogida de bienes usados.  

El grupo de Pamplona —único actor organizado de la ciudad que trabaja en este sector— deseó valorizar su experiencia de terreno ante los poderes públicos. En el marco de un acuerdo, compañeras y compañeros del grupo participaron en proyectos piloto junto a los equipos municipales, con el fin de encontrar la mejor manera de recoger selectivamente y tratar este tipo de residuos, para evitar el vertido sistemático. La colaboración se coronó con la aprobación por parte de la ciudad de los métodos empleados por Emaús, sobre todo la recogida a domicilio con cita previa. De esta manera, el sello de «política pública» oficializa un sistema de trabajo optimizado, que permite recoger una parte muy significativa de los objetos (hasta un 80%), repararlos mediante un proceso de calidad, luchar contra la exclusión de personas percibidas previamente como un problema social, así como vender los objetos a bajo coste, beneficiando así a la población con pocos ingresos. Hasta la fecha, siete mancomunidades que reúnen al 72% de la población de la comunidad Navarra han adoptado el sistema Emaús. 

El grupo ha mantenido sus reivindicaciones en contra de las leyes injustas con las personas desfavorecidas. Por otro lado, ha contribuido a que la mancomunidad de Pamplona sea la primera entidad pública que responde a la ambición de la Unión Europea de gestionar y financiar la prevención y preparación de los objetos desechados para la reutilización. Igualmente, a través de una campaña de incidencia política realizada hace quince años junto con otros organismos reunidos en un mismo colectivo, el grupo ha obtenido el siguiente avance: una cláusula en los contratos públicos contraídos por todas las administraciones de Navarra asigna ahora un 6% de los contratos de obras y servicios, en número y en valor, a organizaciones de reinserción, a centros especiales de empleo para personas desfavorecidas, así como a colectivos que obran contra la exclusión social. El grupo Emaús Pamplona también ha participado ampliamente en la Red de Economía Alternativa para obtener el reconocimiento del rol productivo, social, ecológico y solidario no capitalista de la misma. 

Además de cubrir las necesidades de los veintiséis compañeras y compañeros que viven en la comunidad, la realización de la actividad generada por estos cambios ha permitido al grupo Emaús ofrecer trabajo a un colectivo de 265 personas de treinta y cuatro nacionalidades —de las cuales dos tercios tienen un largo historial de problemas personales—, todas debidamente protegidas por el derecho laboral, incluyendo un seguro social completo y acceso a formaciones. El grupo de Pamplona considera que su papel es luchar por el derecho de las personas al empleo, incluso en el caso de las personas indocumentadas. De manera deliberada, instauró la semana laboral de 32,5 horas (frente a las cuarenta horas semanales que fija la ley española), para compartir el empleo entre más personas. Asimismo, ha introducido la igualdad salarial para todas y todos, independientemente de la tarea o responsabilidad del trabajo. Esta decisión permite armonizar las prácticas de gestión con los valores del grupo. Además, es una manera concreta de luchar contra la competencia generalizada, que reina incluso entre los colectivos que se dedican a la acción social, y contra las leyes que ignoran sistemáticamente a las personas más desfavorecidas.